Santo Domingo vive cada día una tensión visible entre lo que debería pasar en las vías y lo que realmente ocurre. Bocinas, motocicletas disputando espacios, intersecciones bloqueadas, cruces peatonales poco respetados y la duda sobre cuánto tardará un trayecto dibujan una rutina que, más que normalidad, habla de desgaste de gestión y de una institucionalidad que no consigue imponer reglas básicas de convivencia.
El costo para los ciudadanos es medible. El BID estimó en 2019 que la congestión provocaba 75 millones de horas perdidas al año y un impacto de US$180 millones, equivalente a 0.67% del PIB de la ciudad. A esa presión se suma un espacio vial limitado: el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo concentran alrededor de 45% del parque vehicular, mientras las motocicletas representan casi 58% del total y en 2025 aumentaron en más de 314,000 unidades, un 8.9% anual. El propio texto reconoce que esa expansión exige organización, educación y fiscalización.
El problema tampoco es falta de diagnóstico. Desde 2019 existe un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para ampliar e integrar el transporte público, gestionar mejor la demanda y fortalecer la gobernanza, pero la distancia entre la ciudad planificada y la ciudad real sigue abierta. Esa brecha se agrava cuando el régimen de consecuencias pierde credibilidad: de los RD$2,982.6 millones registrados por multas de tránsito en 2025, apenas 17.7% había sido pagado. En ese escenario, la sociedad civil queda con razones para exigir vigilancia y rendición de cuentas sobre una gestión urbana que sigue trasladando a los ciudadanos el costo del desorden.