La acusación del Ministerio Público contra Claudina Pérez Ramírez, “La Tora”, por presunta difamación e injuria en perjuicio de la periodista Iluminada Muñoz vuelve a poner sobre la mesa la capacidad de las instituciones para responder con oportunidad ante denuncias de ataques reiterados en espacios de difusión pública. Según los abogados Emery Colomby Rodríguez y Gabriel Brugal Villanueva, la querella penal con constitución en actor civil fue presentada en 2024, luego de que Muñoz denunciara una supuesta campaña de descrédito que, de acuerdo con su defensa, se habría extendido por más de cinco años.
A partir de esa querella, el Ministerio Público llevó a cabo una investigación, reunió elementos de prueba relacionados con publicaciones y contenidos divulgados contra Muñoz y formalizó la acusación, además de pedir una medida de coerción. La audiencia para conocer esa solicitud fue pautada para este jueves 20 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional. Los abogados de la comunicadora también sostienen que Pérez Ramírez fue citada varias veces sin presentarse, un punto que, señalaron, será tomado en cuenta dentro del proceso.
La defensa de Muñoz asegura que la acción judicial no busca una confrontación personal, sino establecer responsabilidades y, si procede, una reparación por los daños alegados a su honra, dignidad y reputación. Añadió, además, que si los tribunales reconocen una compensación económica, esos recursos serían destinados a fortalecer el ejercicio profesional de la comunicación y a respaldar instituciones dedicadas a la prevención, atención y asistencia vinculadas al cáncer. En un escenario de creciente tensión entre exposición pública, plataformas y vida institucional, el caso queda como una prueba para el sistema de justicia frente a denuncias sostenidas en el tiempo.