Con la entrada en vigor de la Ley Núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, promulgada el 28 de julio de 2025 y vigente formalmente desde el 28 de enero de 2026, se reordena una de las áreas más sensibles del presupuesto: el gasto público. La norma sustituye la Ley 340-06, incorpora el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y, en su Artículo 41, introduce el principio de “Valor por Dinero”, una modificación que obliga a mirar más allá del precio de compra.
El cambio también pone en evidencia el problema que durante años arrastraron las compras estatales: la tendencia a adjudicar por el “precio más bajo”, incluso cuando eso terminaba elevando los costos con el tiempo. La nueva ley propone evaluar calidad, sostenibilidad y costos del ciclo de vida del bien o servicio, en contraste directo con una práctica pública que, según el propio enfoque descrito en la norma, podía sacrificar resultados por decisiones de corto plazo.
La advertencia resulta todavía más sensible en el sector farmacéutico y de insumos médicos, donde el texto sitúa una “dimensión crítica”. En las compras de medicamentos y tecnología sanitaria, el paso al costo total de propiedad refuerza la vigilancia sobre hospitales, el Ministerio de Salud Pública y demás entidades responsables, porque la reforma por sí sola no asegura mejores resultados: ahora el centro pasa a la ejecución, la fiscalización y las explicaciones que deberá ofrecer el gobierno dominicano sobre cómo convierte este cambio en ahorro real, calidad y protección de la salud pública.