Las organizaciones que impulsan una Acción Directa de Inconstitucionalidad contra disposiciones del Código Penal defendieron ante el Tribunal Constitucional la primera causal, al sostener que permitir la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer, adolescente o niña está en peligro es compatible con la Constitución dominicana.
El planteamiento pone el énfasis en un caso que, según las accionantes, evidencia el costo de mantener dudas para el personal médico. Se refieren a Damaris Mejía, quien murió el 4 de agosto de 2012, a los 31 años, durante su tercer embarazo, después de que la atención que requería le fuera negada en tres centros de salud por temor a la persecución penal. Falleció por una infección provocada por el feto que llevaba varios días muerto en su útero.
Las organizaciones sostienen que la protección constitucional de la vida prenatal no puede leerse por separado, sino en relación con derechos como la dignidad humana, la vida, la salud, la igualdad y la integridad personal. Desde esa perspectiva, afirman que obligar a una mujer, adolescente o niña a continuar un embarazo que pone en riesgo su vida o su salud es una medida desproporcionada e incompatible con la Constitución, y reaviva una alerta institucional sobre las consecuencias de decisiones públicas que, en la práctica, trasladan el peso de la indefinición a pacientes y médicos.