La explosión de San Cristóbal, ocurrida hace tres años, y el colapso del Jet Set, todavía reciente, vuelven a poner bajo la lupa la capacidad del Estado para aprender, corregir y prevenir. La cercanía entre ambas tragedias no solo reabre el duelo: también deja ver la distancia entre la necesidad de cambios institucionales y los resultados que hoy son visibles.
El avance de los procesos judiciales mantiene ese contraste. En el expediente de San Cristóbal, el juicio aún no concluye con una sentencia definitiva varios años después; en el del Jet Set, aunque el trámite ha ido más rápido, apenas comienza la fase del juicio de fondo. Esa demora prolonga el sufrimiento de las víctimas y sus familiares y, además, disminuye el efecto disuasorio que deberían tener las leyes.
A la vez, ambos casos revelan debilidades persistentes en la fiscalización del cumplimiento de normas, con competencias que no siempre están bien definidas, inspecciones insuficientes y hallazgos que no se convierten con la rapidez necesaria en medidas correctivas. También persiste la brecha entre legislación y aplicación: desde 2022 está vigente una ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, pero muchos municipios todavía no cuentan con los instrumentos ni con la capacidad para hacerla efectiva. La alerta institucional sigue abierta: cuando la gestión no transforma las lecciones en prevención real, el costo termina recayendo sobre la ciudadanía.