La confesión del ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, de que el Estado no puede determinar con exactitud cuántos servidores trabajan en sus instituciones vuelve a abrir una falla sensible para el gobierno dominicano: la imposibilidad de controlar con precisión una de las tareas más elementales de la administración pública. Ese reconocimiento ratifica que todavía no existe una interconexión funcional entre entidades ni mecanismos efectivos para cruzar los datos de nómina, pese a que la actual gestión ya cumple seis años.
El problema no es nuevo, pero el paso del tiempo amplía la distancia entre el discurso oficial de modernización y los resultados. En 2025, el Poder Ejecutivo emitió un mandato para acelerar la unificación de nóminas, y el MAP había comenzado ese proceso en 2021. A ello se suma que, en julio del año pasado, el presidente Luis Abinader oficializó mediante el Decreto 357-25 la creación del Sistema Integrado de Servicios Centrales de la Función Pública, pensado para reemplazar al Sistema de Administración de Servidores Públicos. Pese a esas medidas, la ausencia de interoperabilidad real mantiene sin efecto visible el control de las plantillas estatales.
Para una ciudadanía que sostiene el aparato público con sus impuestos, no poder saber cuántos empleados tiene el Estado convierte la transparencia en una promesa pendiente y eleva la presión sobre el MAP y el Gobierno para dar explicaciones. Con herramientas tecnológicas disponibles y sin trabas legales señaladas en el propio texto, el rezago deja de ser solo un problema técnico y pasa a ser una alerta institucional sobre gestión, supervisión y resultados.