Tras la denuncia difundida en redes sociales por la esposa de un pasajero al que no dejaron abordar un vuelo internacional, la Dirección General de Migración (DGM) salió a explicar su actuación. La mujer acusó a inspectores de mantenerlo “secuestrado” y de impedirle comunicarse con ella, mientras la entidad sostuvo que solo bloquea la salida del país por vía aérea, marítima o terrestre cuando existe una orden formal emitida por un juez y gestionada por los canales establecidos por la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con la DGM, la mujer presentó una comunicación de la fiscalía de su provincia en la que se certificaba que el ciudadano no tenía asuntos pendientes con la justicia. Sin embargo, Migración afirmó que en su sistema seguía apareciendo un impedimento de salida colocado por la Procuraduría y que únicamente esa autoridad puede levantarlo mediante una nueva comunicación formal.
La institución agregó que, cuando detecta a una persona con impedimento de salida en un punto de control, sus inspectores deben retenerla y notificar al Ministerio Público para recibir instrucciones. También insistió en que no actúa por iniciativa propia ni de forma arbitraria, sino conforme a órdenes, requerimientos y disposiciones de la Procuraduría y de organismos de seguridad del Estado. Con esa explicación, la DGM buscó deslindar responsabilidades, aunque el caso vuelve a centrar la atención en la rendición de cuentas y en las garantías de debido proceso en medidas que afectan de manera directa la libertad de tránsito.