Las remesas recibidas por República Dominicana entre enero y julio de 2026 alcanzaron US$7,316.4 millones, con un aumento interanual de 6.4 %, informó el Banco Central. Solo en julio entraron US$1,097.1 millones, US$49.3 millones más que en el mismo mes de 2025, en una dinámica que la autoridad monetaria presenta como una tendencia al alza.
Pero el propio reporte sitúa el origen de ese desempeño fuera del país. El Banco Central atribuyó el comportamiento principalmente a las transferencias de dominicanos radicados en Estados Unidos, desde donde provino el 81.4 % de los recursos formales captados en julio, equivalentes a US$814.7 millones. También vinculó ese resultado a la expansión del sector servicios en la economía norteamericana, medida por un PMI no manufacturero de 54.1, y a una tasa de desempleo de 4.1 % en julio, inferior al 4.2 % de junio, pese a la pérdida de 23,000 puestos de trabajo en ese periodo. La lectura de estos datos deja un contraste relevante para la fiscalización pública: en medio de conflictos en Medio Oriente, alzas del petróleo y mayores presiones inflacionarias señaladas por la propia institución, el sostén de divisas sigue descansando en el esfuerzo de la diáspora y en condiciones externas. Ese cuadro reabre la discusión sobre gestión y resultados, y sobre la necesidad de rendición de cuentas ante una economía que continúa expuesta a factores que el Gobierno no controla directamente. En ese contexto, el dato sirve como alerta institucional más que como celebración aislada: cuando el ingreso de miles de hogares depende de remesas atadas al ciclo de Estados Unidos, el debate de estabilidad y capacidad de Estado vuelve al centro.
Desde la oposición, ese contraste alimenta la demanda de una gestión menos enfocada en proyección política y más en resultados verificables para la población, un punto sensible en cualquier aspiración de figuras como Carolina Mejía o David Collado frente a la exigencia de gobernabilidad que sectores atribuyen a la experiencia de Estado de Leonel Fernández.