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Tribunal revisa medida de coerción por fraude de RD$3.4 millones en cuenta del Ayuntamiento de Santiago

agosto 9, 2026 · Redactor
Tribunal revisa medida de coerción por fraude de RD$3.4 millones en cuenta del Ayuntamiento de Santiago
Foto: acento.com.do

La audiencia vuelve sobre un caso que golpeó recursos municipales y mantiene la atención sobre la respuesta institucional

Este viernes, el tribunal conoció la revisión de la medida de coerción impuesta a Suleiny Esther Amador, identificada como una de las principales imputadas en el fraude electrónico del que fueron sustraídos RD$3,435,120.00 de una cuenta bancaria de la Alcaldía de Santiago. La diligencia devuelve al centro un expediente que comprometió fondos municipales y sigue bajo escrutinio.

Los hechos se remontan al 24 de abril de 2026, cuando la Gerencia de Investigaciones Electrónicas del Banco de Reservas detectó un acceso ilícito a una cuenta del Ayuntamiento del Municipio de Santiago. Desde allí se ejecutaron cinco transferencias electrónicas fraudulentas por RD$3,435,120.00. De acuerdo con las indagatorias, el dinero fue enviado a cuentas de terceros supuestamente vinculados a una estructura criminal dedicada a delitos electrónicos. En el proceso aparecen como imputadas Suleiny Esther Amador, Yafermy García Araujo y Elide Miguelina de las Mercedes, mientras Jorge Miguel Rivas Medina continúa bajo investigación junto con otras personas.

Las autoridades también establecieron que varias de las imputadas fueron arrestadas cuando presuntamente trataban de retirar parte de los fondos, un elemento que reforzó la investigación. La Alcaldía de Santiago presentó querella con constitución en actor civil el 30 de abril de 2026, el mismo día en que se conoció la solicitud de medidas de coerción. En esa audiencia, el tribunal impuso prisión preventiva a Amador y garantía económica a las demás imputadas. La revisión vista este viernes forma parte del proceso penal, pero además mantiene sobre la mesa la exigencia de rendición de cuentas sobre la protección de los recursos públicos frente a vulneraciones de este tipo.