Con 105.8 millones de personas fuera de la fuerza laboral, Estados Unidos marcó un récord que supera los niveles de la Gran Recesión y de la pandemia de COVID-19. El avance coincide con un envejecimiento poblacional y cambios demográficos que vuelven a poner bajo la lupa la capacidad de respuesta del mercado laboral y la sostenibilidad de programas como el Seguro Social.
Ese grupo no se contabiliza como desempleado porque no busca trabajo activamente, pero su aumento estrecha la base de quienes pagan impuestos y cotizaciones para sostener la jubilación, la salud pública y otros programas sociales. La cifra vuelve a exigir vigilancia sobre los resultados reales de la gestión económica, más allá del discurso, por su impacto directo en presupuesto, servicios y costo de vida.
La presión también se refleja en el empleo diario. En sectores de baja remuneración, las empresas han reaccionado con automatización, recorte de personal y contrataciones más precarias, mientras numerosos trabajadores cargan con jornadas más largas, más responsabilidades y menos beneficios, sobre todo en servicios y comercio minorista. Aunque áreas como enfermería, transporte y construcción muestran escasez de mano de obra e incentivos para contratar, el panorama general deja un desgaste con consecuencias sociales que obliga a fiscalizar cómo se están administrando las respuestas frente a una fuerza laboral cada vez más reducida.