Legisladores de la Fuerza del Pueblo que integran la comisión bicameral encargada de estudiar el proyecto de Código Penal advirtieron este viernes sobre el riesgo de impulsar una revisión acelerada de una norma con efecto directo en el sistema de justicia y en derechos fundamentales. Además, anunciaron que propondrán extender el período de análisis y abrir espacios de participación para las organizaciones e instituciones que remitieron observaciones.
La bancada opositora objetó que las propuestas enviadas por distintos sectores se pretendan conocer de forma “expresa y festinada”, una decisión que vuelve a poner bajo escrutinio la manera en que se desarrolla una discusión sensible para el país. De acuerdo con sus explicaciones, la comisión recibió planteamientos de 84 organizaciones, ciudadanos e instituciones, lo que exige un examen técnico y jurídico que no puede resolverse en apenas horas sin exponer el proceso a contradicciones y cuestionamientos constitucionales.
“Resulta preocupante que se pretenda conocer estas observaciones de manera expresa y festinada, en apenas horas, sin agotar una discusión detallada de su contenido ni de las motivaciones que las sustentan. El país no puede permitirse volver a enfrentar controversias jurídicas, recursos de inconstitucionalidad o inconsistencias normativas derivadas de un proceso legislativo apresurado”, señalaron los congresistas, según un comunicado.
Los representantes de la Fuerza del Pueblo adelantaron que llevarán formalmente a la comisión bicameral la propuesta de ampliar el plazo de estudio, a fin de asegurar una evaluación técnica, jurídica y constitucional de las recomendaciones recibidas. También plantearán vistas públicas para que las organizaciones e instituciones consultadas expongan sus argumentos ante los miembros de la comisión.
Si no se celebran vistas públicas, sugirieron convocar a representantes de esas entidades a reuniones de trabajo con la comisión. Con esa postura, la oposición sitúa el foco en la rendición de cuentas y la vigilancia institucional sobre un proceso legislativo que, si se cierra con premura, podría trasladar al país el costo social y jurídico de una ley mal revisada.