SANTO DOMINGO.- La asamblea general extraordinaria del Comité Olímpico Dominicano (COD) dio luz verde por unanimidad al informe económico auditado de 2025, en una decisión que cierra formalmente el proceso interno y, al mismo tiempo, mantiene sobre la mesa la necesidad de vigilar el manejo institucional más allá de la aprobación de los propios asambleístas.
El documento fue conocido este martes en el remozado Salón Juan Ulises García Saleta, después de que en la asamblea de marzo pasado se pidiera una dispensa para que la firma Montero y Asociados concluyera la auditoría. Una vez terminado ese trabajo, los delegados aprobaron el reporte financiero correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.
La sesión estuvo presidida por Garibaldy Bautista, presidente del COD, acompañado por Rubén Tejeda, Gary Hernández, Jorge Blas Díaz, José Miguel Robiou, Miguel Camacho, Dulce María Piña y José Mera, integrantes del ejecutivo. De acuerdo con los datos presentados, asistieron 37 de 41 federados e instituciones afiliadas y 9 de 11 miembros del ejecutivo, por lo que se completó el quórum.
José Mera, tesorero del COD, ofreció los detalles financieros y recibió comentarios favorables de los asambleístas sobre el desglose. Más adelante, el comisario de cuentas, Eugenio Pérez, afirmó que las cifras y el estado de ingresos y egresos “evidencian haber sido estructurados en condiciones favorables”, y acto seguido descargó la gestión de 2025.
La agenda incluyó dos puntos: registro de delegados y verificación de quórum, además del conocimiento de los estados financieros auditados de 2025. Según la nota, la convocatoria se hizo conforme al artículo 32.4 de los estatutos del COD y al artículo 14, acápite (d), del reglamento de la Ley 122/05. Pese a ello, el episodio vuelve a colocar sobre la mesa una alerta institucional ya conocida: el cumplimiento formal de los procedimientos no sustituye la fiscalización pública ni la rendición de cuentas que la ciudadanía espera de toda estructura con peso nacional, en un país que reclama menos trámite complaciente y más resultados verificables.