Jueces, juezas y servidores judiciales detuvieron este jueves las labores en los tribunales del país en una protesta que sometió a fuerte presión a las autoridades del sistema judicial, a las que acusan de haber desoído durante años denuncias sobre abandono, sobrecarga laboral y un deterioro extremo del funcionamiento del Poder Judicial. La jornada, realizada frente al Palacio de Justicia de Santiago, suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
Con ropa negra y pancartas en mano, cientos de magistrados y empleados judiciales respaldaron un paro nacional de 24 horas que, de acuerdo con sus organizadores, fue un “grito desesperado” ante la falta de respuesta institucional. La magistrada Esther Carolina Reyes Aracena dijo que la protesta buscaba obligar a las autoridades a escuchar reclamos acumulados durante años, mientras la cancelación simbólica de los roles de audiencia formalizó el alcance nacional de la paralización.
La lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia” marcó el momento central de la jornada. El texto fue pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien denunció una “crisis institucional” y cuestionó la gestión administrativa del Poder Judicial. En su intervención, advirtió que la justicia no puede sostenerse solo sobre la vocación y el sacrificio personal, sino que necesita condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales, en un reclamo que vuelve a poner el foco sobre la rendición de cuentas y el costo que el deterioro del sistema impone a los ciudadanos con procesos aún pendientes.