Milka Mercedes Ramírez permanece apartada de las aulas desde el 17 de enero, luego de un procedimiento odontológico que dejó secuelas y volvió a colocar en primer plano un problema que va más allá de un consultorio: cuando los controles fallan, el costo recae por completo en los ciudadanos. Más de seis meses después, su esposo, Norberto Luna, sostiene que ella no puede hablar con normalidad y que ahora se alimenta sobre todo de líquidos y comida licuada.
El caso se mueve entre dos interrogantes de peso institucional: mala práctica o intrusismo. La discusión no se limita a una diferencia técnica o judicial; también apunta a la capacidad real de vigilancia en servicios que impactan de forma directa la salud, el trabajo y la estabilidad familiar. En esta situación, la afectada no solo enfrenta consecuencias físicas, sino que quedó fuera de su rutina profesional, mientras su esposo y sus dos hijos, de catorce y ocho años, asumen el cambio abrupto en la dinámica del hogar.
Luna contó a Listín Diario que ambos fueron al consultorio del odontólogo William Almánzar con confianza, debido a que se trataba de un centro de renombre. Según su relato, allí un hombre revisó la panorámica, les aseguró que la extracción de las cuatro cordales podía hacerse y les dio la seguridad suficiente para programar la cirugía tres días después. “Nosotros fuimos confiados a ese consultorio porque era un centro de renombre. Nunca imaginamos que terminaríamos viviendo una situación como esta”, dijo.
La intervención, fijada para el sábado 17 de enero, distó mucho de un procedimiento rutinario. De acuerdo con el esposo, se extendió por cerca de cuatro horas; durante ese tiempo, el equipo de succión dejó de funcionar y quien hacía la extracción tuvo dificultades para sacar una de las piezas dentales. Ese testimonio, todavía sujeto a investigación, refuerza el contraste entre la confianza ofrecida al paciente y el resultado que hoy mantiene a una docente fuera de las aulas.
Mientras la investigación judicial establece si hubo negligencia o ejercicio sin la autorización legal o la capacitación requerida, el dato más contundente ya está a la vista: una familia quedó marcada durante meses por un procedimiento que debía resolver un problema de salud y terminó abriendo otro. En un escenario en el que la ciudadanía espera servicios seguros y supervisión efectiva, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización real y de responsabilidades claras, porque cuando el sistema falla, la factura la paga la gente.