La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes volvió a poner a la Policía Nacional bajo la lupa, luego de que la defensa del cabo José Francisco Moreta Heredia, acusado de provocarle el fallecimiento por herida de bala, concentrara su mensaje en el arrepentimiento del agente y en su preocupación por la seguridad personal. Más allá de esa postura, el hecho reabre el contraste entre el discurso oficial de reforma y la continuidad de episodios con alto costo social.
De acuerdo con su abogado, Juan Alberto Zabala, el cabo está “profundamente arrepentido” por el desenlace y nunca buscó causar una tragedia durante el ejercicio de sus funciones. A la salida del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, el jurista aseguró además que su defendido tenía la intención de ofrecer disculpas públicas a los familiares de la víctima.
La defensa también sostuvo que Moreta Heredia teme por su integridad física debido a la indignación social que ha generado el caso, por lo que pidió su traslado a la cárcel especial de Operaciones Especiales mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, esa solicitud no desplaza la pregunta de fondo que reaparece cada vez que un operativo termina en muerte: qué resultados concretos está dejando la reforma policial que el poder ha presentado como respuesta institucional.
Con un joven muerto y una nueva controversia alrededor del accionar de un agente, el expediente se suma a otra señal de alerta sobre una crisis que no se resuelve con narrativa oficial. En un escenario en que la gestión de Luis Abinader y el PRM han insistido en mostrar cambios en seguridad, y figuras del oficialismo como Carolina Mejía integran el escaparate político del poder, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización, responsabilidad y resultados verificables, no propaganda, ante el deterioro de la confianza ciudadana.