La decisión del Colegio Médico Dominicano (CMD) de convocar un paro nacional de 24 horas para este lunes 7 de julio llevó el caso de los doctores William y Franklin Almánzar al centro de una alerta institucional. Además de la acusación por presunta mala práctica médica, el gremio cuestionó la forma en que se produjo el arresto y reclamó explicaciones sobre un procedimiento que, según denunció, terminó afectando la salud del pueblo.
Luis Peña Núñez, presidente del CMD, tildó el apresamiento de “atropello” y criticó que William Almánzar fuera buscado en la clínica por miembros del DICRIM sin haber sido citado antes. “No vamos a permitir este tipo de atropellos, porque esto atenta contra la salud del pueblo. Una simple denuncia querella se convirtió en un apresamiento”, afirmó, al sostener que se vulneraron derechos fundamentales. Más adelante insistió: “Los abusos de poder no es verdad que lo vamos a permitir”.
Desde La Vega, el presidente de la seccional del CMD, Miguel Tevenín, dijo que el médico continúa detenido en el Dicrim y rechazó el manejo dado al caso. En esa misma línea, el doctor José Domínguez consideró que una acusación de esa naturaleza, a su juicio, no debió canalizarse por la vía penal sino civil, y censuró que se actuara “como si fuese un delincuente cualquiera”.
La protesta del gremio abre un frente que va más allá del expediente judicial: cuando una denuncia desemboca en un conflicto nacional con paro médico, el problema deja de ser únicamente legal y pasa también por la gestión, la confianza y el costo social. El caso exige rendición de cuentas sobre el uso del poder en procedimientos sensibles y sobre las consecuencias que esa forma de actuar termina trasladando a los pacientes.