SANTO DOMINGO.- La discusión sobre las nuevas medidas tributarias y el aumento en los costos de servicios dejó de ser solo terreno de la oposición: en el Congreso, incluso legisladores del PRM reconocen que el paquete tendrá un impacto directo en la economía de los dominicanos, en una brecha cada vez más visible entre el discurso oficial y lo que terminan absorbiendo las familias.
Heriberto Aracena, diputado de Fuerza del Pueblo, calificó las disposiciones como «medidas antipobres» y aseguró que contradicen la promesa gubernamental de no golpear la economía familiar. También cuestionó el alza de los combustibles, al afirmar que suma presión sobre la población pese a la caída del precio internacional del petróleo, y criticó el aumento de la tasa por salida aérea por encarecer los viajes de las familias dominicanas.
Desde la otra bancada opositora, José David Báez sostuvo que ya se habían advertido las consecuencias de impulsar medidas tributarias sin consenso ni planificación. A su entender, las nuevas disposiciones llevarían a muchos ciudadanos a usar más dinero en efectivo, con el consiguiente riesgo para la seguridad ciudadana, y reflejan el costo de gobernar sin escuchar a la población ni a los sectores sociales afectados.
El desgaste institucional quedó más expuesto cuando la diputada del PRM, Soraya Suárez, admitió que las nuevas cargas económicas afectarán a quienes usan con frecuencia los servicios bancarios. La legisladora pidió revisar las medidas y abrir una mesa de diálogo, al advertir que una eventual eliminación de facilidades de pago electrónico en estaciones de combustibles generaría más dificultades para la población.
Con ese panorama, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política: el Congreso enfrenta la presión de fiscalizar decisiones que ya muestran costo social, mientras la oposición gana espacio al poner en primer plano la distancia entre las promesas del Gobierno y los resultados que hoy recaen sobre el bolsillo ciudadano.