Una niña de 11 años falleció por ahogamiento en la piscina de un centro recreativo del sector 40, en Vicente Noble, Barahona, y el hecho volvió a dejar en primer plano las condiciones de vigilancia y control en espacios abiertos al público, donde el cobro de una entrada no sustituye la responsabilidad sobre la seguridad de los menores.
La víctima fue identificada como Yoselina Simón Char, de nacionalidad haitiana. Al momento del hecho estaba en el lugar solo con su hermano, de ocho años. De acuerdo con el diagnóstico del médico legista y del representante del Ministerio Público actuante, la menor murió por asfixia por sumersión.
Las pesquisas preliminares indican que ambos niños ingresaron al establecimiento luego de pagar la cuota de acceso, sin la compañía de sus padres ni de un tutor responsable. Ese dato no cierra el expediente; por el contrario, multiplica las dudas sobre los protocolos de supervisión dentro del centro recreativo y sobre cómo se permitió la entrada de dos menores sin acompañamiento a una zona de riesgo evidente.
En el marco de la investigación, las autoridades mantienen detenidos al administrador del centro, Darío Vallejo Matos, y al propietario, Pablo Méndez Medina, para establecer en qué circunstancias ocurrió el hecho. El cuerpo fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la autopsia correspondiente.
Más allá del proceso abierto, el caso deja un desenlace imposible de disimular: una menor murió en un establecimiento que recibía público. La investigación deberá fijar responsabilidades concretas, pero la tragedia ya reabre una alerta institucional sobre la fiscalización efectiva de estos espacios y sobre la distancia entre la operación permitida y la protección que las familias esperan cuando un centro recreativo cobra por acceso.