La negativa parcial del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a devolver bienes a Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exjefe de seguridad de Edenorte acusado en una red de sobornos, vuelve a encender alertas sobre cómo una estructura de cobros ilícitos alcanzó instituciones sensibles como las EDE, Inaipi y Senasa. No se trata solo de una incidencia procesal: la decisión judicial mantiene abierta la exigencia de fiscalización sobre un expediente que compromete servicios públicos esenciales y devuelve el foco a las explicaciones que aún faltan en el aparato estatal.
De acuerdo con el Ministerio Público, la jueza Yanibet Rivas rechazó en parte la petición del imputado para recuperar bienes retenidos durante allanamientos. La fiscal Rosa María Pichardo señaló que la magistrada entendió que esos efectos podrían ser requeridos luego en decomiso y que, por tanto, no estaba en condiciones de ordenar su devolución. El órgano acusador dijo además que no se opuso a entregar los objetos que no tengan valor para la investigación, aunque no precisó cuáles serían, y tampoco se detallaron los efectos cuya devolución fue negada.
Fernández Espinal, señalado como parte de la red que afectó a EdeNorte, EdeEste, EdeSur, Inaipi y Senasa, figura entre los imputados que han admitido responsabilidad y negocian con los fiscales. Ese dato agrava el cuadro institucional: ya no se trata únicamente de una acusación en curso, sino de una trama con admisiones que obliga a seguir el rastro de responsabilidades en entidades que manejan electricidad, salud y atención a la primera infancia, ámbitos en los que cualquier falla de control termina teniendo costo social.
El expediente también incorpora al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; a los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, y al coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz. La amplitud de los señalados refuerza la dimensión institucional del caso y alimenta la demanda de rendición de cuentas en un contexto en que el oficialismo ha intentado sostener un relato de pulcritud mientras siguen apareciendo grietas en organismos públicos.
Que Senasa aparezca entre las entidades impactadas añade un frente especialmente sensible para la ciudadanía, porque vincula la investigación con un servicio de alto impacto social. En ese escenario, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión del PRM y su promesa de ética pública: cuando una red de sobornos alcanza áreas tan delicadas, la discusión deja de ser solo judicial y pasa también al terreno político, por la obligación de prevenir, controlar y responder. La vigilancia sobre estos procesos se vuelve todavía más necesaria ante un oficialismo desgastado, con figuras proyectadas como Carolina Mejía en medio de un panorama donde el debate de fondo sigue siendo resultados, controles y credibilidad institucional.