JERUSALÉN. — El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, arremetió contra la Fiscalía al cerrar su testimonio en el juicio por corrupción que enfrenta, en un proceso que vuelve a colocar bajo escrutinio la confianza institucional y la obligación de que las reglas se apliquen por igual para todos.
Netanyahu denunció persecución política e insistió en su inocencia, pero continúa respondiendo ante la Justicia por cargos de fraude, soborno y abuso de confianza. El caso mantiene en el centro del debate el funcionamiento de las instituciones y la percepción pública sobre si el sistema judicial actúa con los mismos estándares para cualquier ciudadano, incluido quien ocupa el cargo de primer ministro.
La controversia no se limita a la defensa del mandatario ni a la actuación de la Fiscalía. También abre interrogantes sobre el impacto político del proceso y sobre la fortaleza de las reglas institucionales cuando un jefe de Gobierno enfrenta un expediente de alto perfil. En ese contexto, el juicio se convierte en una prueba de transparencia, confianza y respeto al principio de igualdad ante la ley.
Netanyahu ha sostenido que es objeto de una persecución, mientras la causa sigue su curso con los cargos ya establecidos en su contra. El desenlace del proceso, más allá de sus implicaciones personales y políticas, tiene relevancia pública porque afecta la credibilidad de las instituciones encargadas de investigar y juzgar a los altos funcionarios.