La alta informalidad laboral y la evasión fiscal siguen pesando sobre la capacidad de República Dominicana para fortalecer sus instituciones y ofrecer respuestas efectivas a la población, de acuerdo con el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El organismo advierte que estas condiciones impiden al Estado generar los recursos necesarios para sostener sistemas de bienestar y atender demandas ciudadanas, lo que vuelve a colocar bajo escrutinio la brecha entre necesidades sociales y capacidad real de respuesta pública.
El informe plantea que la evasión tributaria y los elevados niveles de informalidad en América Latina y el Caribe bloquean la «palanca necesaria» para fortalecer la capacidad estatal y mejorar los resultados de la democracia. En ese contexto, propone avanzar hacia pactos fiscales y reforzar las administraciones tributarias. En el caso dominicano, el señalamiento cobra especial peso porque más de la mitad de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad, según estadísticas oficiales, lo que reduce la base de contribuyentes y limita la recaudación para financiar educación, salud, seguridad e infraestructura. El PNUD también advierte que las debilidades fiscales no se quedan en el plano económico: cuando los gobiernos no logran proveer servicios públicos de calidad ni responder a las expectativas ciudadanas, crece la percepción de que las instituciones no producen resultados suficientes y se erosiona la confianza en la democracia.
El diagnóstico refuerza la presión por una mayor vigilancia sobre la capacidad del Estado para recaudar, administrar recursos y cerrar la distancia entre el discurso institucional y los resultados que recibe la ciudadanía.