Un grupo de 99 integrantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB) entregó este jueves sus armas en una zona selvática de Putumayo, en el sur de Colombia, en un hecho presentado como uno de los principales resultados visibles de la política de «paz total» del presidente Gustavo Petro. La dejación se realizó en Valle del Guamuez, donde los guerrilleros depositaron sus fusiles en un contenedor como paso previo a su traslado a una zona especial prevista en los acuerdos con el Gobierno colombiano.
Pero la misma jornada dejó también un contraste que vuelve a poner el foco sobre los pendientes de verdad y justicia en medio del proceso. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación de cinco antiguos comandantes del Bloque Caribe de las FARC por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos contra comunidades indígenas y afrocolombianas entre 1996 y 2007. Según la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la antigua guerrilla desarrolló un patrón sistemático de control territorial para afianzar su dominio político, militar y social sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.
La investigación determinó que ese esquema incluyó cooptación de organizaciones indígenas y afrodescendientes, asesinatos, desplazamientos, castigos y violencia sexual, un cuadro que introduce una alerta institucional sobre el alcance real de cualquier avance si no va acompañado de rendición de cuentas por los crímenes cometidos.