Las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) se han consolidado dentro del esquema preventivo contra la corrupción administrativa en el Estado dominicano, en el marco de una estrategia oficial orientada a fortalecer la ética pública, la transparencia y el cumplimiento normativo. Sin embargo, el propio despliegue del modelo mantiene abierta una interrogante central: si estas instancias lograrán convertirse en herramientas reales de prevención y control interno o si quedarán reducidas a estructuras administrativas de bajo impacto en la cultura institucional.
La discusión adquiere mayor relevancia luego de que el presidente Luis Abinader sometiera al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG), concebida como nuevo órgano rector en transparencia, acceso a la información, prevención de la corrupción y ética gubernamental. Esa ampliación institucional, no obstante, hace más apremiante la necesidad de resultados verificables y de una rendición de cuentas sobre la eficacia real de los mecanismos que el Estado presenta como respuesta anticorrupción.
Las CIGCN, integradas por servidores públicos de distintos grupos ocupacionales, tienen entre sus funciones promover la ética, vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos y aplicar políticas de cumplimiento normativo, prevención de riesgos, antisoborno, conflictos de intereses y acceso a la información pública. El modelo fue establecido mediante el Decreto 791-21, que otorgó alta prioridad nacional a su implementación en instituciones del Poder Ejecutivo, pero el desafío sigue siendo el mismo: demostrar que el fortalecimiento formal del sistema no se quede en un diseño institucional sin impacto comprobable.