Tras una paralización de cuatro días en un centro de la región Noreste, el Tribunal Constitucional dispuso cesar y evitar nuevas suspensiones de docencia en horario lectivo cuando estas generen una interrupción progresiva, prolongada o indiscriminada del servicio educativo. La medida pone el acento en el impacto directo que esas acciones tuvieron sobre el estudiantado y en la necesidad de impedir nuevas alteraciones del calendario escolar.
A través de la sentencia TC/0428/26, la Alta Corte también ordenó diseñar e implementar un plan verificable de recuperación pedagógica para reponer de manera efectiva el tiempo lectivo perdido. Además, estableció una garantía de no repetición mediante un protocolo de gestión de conflictos que privilegie el diálogo, la mediación y la avenencia sin afectar el derecho a la educación.
La decisión instruye a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Las Terrenas, y a su actual presidente, a abstenerse de convocar o ejecutar nuevas paralizaciones que afecten el calendario escolar oficial. De igual forma, exhorta al Ministerio de Educación (Minerd), por medio del Distrito Educativo 14-07, a supervisar el cumplimiento estricto del calendario y a facilitar vías de diálogo, mientras el Defensor del Pueblo dará seguimiento a lo ordenado, en una señal de vigilancia institucional frente a fallas que ya impactaron el servicio educativo público.