El anuncio de nuevas medidas económicas volvió a dejar en evidencia la distancia entre el discurso oficial y la realidad diaria de la población. Durante la presentación se habló de consolidación fiscal, evasión, incentivos, ingresos adicionales, sostenibilidad, presión externa y estabilidad macroeconómica, pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma: cómo se reflejará todo eso en el bolsillo de la gente.
La economía que enfrenta la mayoría no se mide en ruedas de prensa, sino en el colmado, el supermercado, la factura eléctrica, el cilindro de gas, el pasaje, la consulta médica, el préstamo y un salario que se agota antes de terminar la semana. Aunque el Gobierno asegura que no tocará los productos básicos, que protegerá a los vulnerables y que aliviará a microempresas y clase media, el historial de promesas incumplidas mantiene abierta la exigencia de vigilancia sobre el costo social de cualquier ajuste.
La cuestión central, más allá de la defensa técnica de las medidas, es quién terminará absorbiendo la carga. En un escenario en el que con frecuencia los sectores con mayor poder consiguen trasladar sus costos hacia abajo, aumenta la presión para que las autoridades rindan cuentas y demuestren que esta vez el peso no volverá a recaer sobre quienes ya están al límite.