A medida que Colombia se aproxima a las elecciones presidenciales de 2026, hay un hecho de fondo que resulta difícil de discutir: el país dejó atrás los niveles extremos de violencia de comienzos de los años 2000 y, gracias al impulso del Plan Colombia y otros esfuerzos institucionales, recuperó control territorial en muchas regiones. Aun así, ese avance histórico no ha cerrado la discusión sobre seguridad, que vuelve a situarse en el centro de la política nacional.
Ese balance que reconoce la disminución de la violencia también deja abierta una advertencia sobre el presente. En el gobierno de Gustavo Petro, la política de “Paz Total” ha alimentado el debate, en medio de cuestionamientos de quienes afirman que algunos grupos ilegales han aprovechado el proceso para ampliar control territorial y robustecer economías ilícitas. La distancia entre los logros acumulados en años anteriores y las dudas actuales sobre la capacidad del Estado para frenar nuevas amenazas ha reactivado la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas.
Lo planteado por este escenario deja claro que el éxito de una estrategia pasada no asegura respuestas eficaces frente a los desafíos de hoy. Con amenazas distintas a las de finales del siglo XX, la discusión ya no se limita a acuerdos o enfoques, sino a si la gestión actual está ofreciendo resultados suficientes ante el crimen organizado y el control territorial, dos asuntos que vuelven a pesar en la agenda pública a las puertas de 2026.