Las causas por corrupción administrativa que han llegado a los tribunales en los últimos cinco años corren el riesgo de reproducir un patrón conocido: expedientes que se alargan durante años sin una resolución definitiva. Entre ellos, los sobornos vinculados a la compra de los aviones Super Tucano, con casi una década en la justicia, y la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, con casi ocho años en los tribunales, continúan como muestras de una lentitud judicial que debilita la respuesta institucional ante hechos que en su momento generaron gran indignación pública.
En los dos expedientes, los tribunales que conocieron el juicio de fondo declararon la extinción de la acción penal por el tiempo transcurrido, aunque esas decisiones fueron anuladas por la corte de apelación e incluso por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el resultado visible sigue siendo el mismo: casos de alto impacto que permanecen abiertos por años, con pocos avances palpables y con un debate público diluido por las dilaciones.
En el caso Super Tucano figuran como acusados el exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Piccini Núñez, el empresario Daniel Aquino Hernández y las empresas 4D Business Group y Magycor, por los sobornos de 3.5 millones de dólares atribuidos a Embraer. En el expediente de Los Tres Brazos aparecen como principales imputados Leoncio Almánzar, Rosabel Castillo Rolffot, Juana Inés Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, además de Manuel Aybar Ferrando e Irving José Cruz Crespo. La prolongación de estos procesos vuelve a situar en primer plano la distancia entre la gravedad de las acusaciones y la ausencia de resultados concluyentes en la justicia.