La defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz volvió a poner bajo la lupa la decisión de enviarlo a juicio de fondo, al sostener que la acusación se ha apoyado más en una narrativa armada durante años que en las pruebas incorporadas al expediente tras casi seis años de investigación y proceso judicial. También objetó que la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional rechazara la solicitud de extinción de la acción penal, pese a que, según afirma, la propia resolución no atribuye a Guerrero Ortiz ni a sus representantes una sola actuación dilatoria durante el juicio preliminar.
En un comunicado firmado por Eduardo Núñez, María del Pilar Zuleta y Manuel Rodríguez, la defensa también puso en duda uno de los puntos centrales de la acusación: el supuesto fraude ligado a RD$ 21 mil millones. Recordó que en la fase preliminar se incorporaron certificaciones oficiales que, de acuerdo con su versión, establecen que esos recursos nunca salieron del patrimonio estatal. Añadió que el Banco de Reservas certificó que los RD$21 mil millones fueron recibidos y aplicados al programa de pago a contratistas del Estado, conforme a su Informe Anual 2020.
Asimismo, los abogados sostienen que las pruebas debatidas en la audiencia preliminar demostraron que los pagos por expropiaciones se hicieron dentro del marco legal, con respaldo de sentencias judiciales y tasaciones autorizadas. En esa misma línea, indicaron que la propia jueza ordenó el pago del 20 % restante de varias expropiaciones, lo que, a juicio de la defensa, reconoce la existencia de esas obligaciones y vuelve a colocar el foco sobre la necesidad de mayor rigor institucional y rendición de cuentas en procesos judiciales de alto impacto público.