A un año y dos meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 muertos y más de 180 heridos, el proceso judicial entra en una etapa decisiva con la decisión fijada para el 15 de junio sobre si Antonio y Maribel Espaillat serán enviados a juicio de fondo por homicidio involuntario. La audiencia preliminar se ha prolongado por varios meses entre aplazamientos, presentación de pruebas, intervenciones de víctimas y debates técnicos sobre las causas del desplome.
En ese contexto, el caso vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad institucional de ofrecer respuestas oportunas en una tragedia de alto impacto social. La abogada Laura Acosta, representante de algunas víctimas, explicó que el debido proceso obliga al Estado a garantizar los derechos fundamentales de todas las partes y evitar arbitrariedades. Durante la investigación, la defensa cuestionó no haber podido participar en un peritaje, lo que llevó a la intervención del juez y a la autorización de uno independiente.
Acosta también advirtió preocupación por la posible falta de participación de menores de edad, debido a que procesos civiles de consejos de familia no habrían concluido a tiempo. Aunque señaló que en la etapa preliminar el tribunal ha garantizado acceso a las pruebas y el ejercicio de la defensa en igualdad de condiciones, el avance del expediente, tras varios meses y apenas cinco audiencias, mantiene la atención sobre si el sistema está respondiendo con la celeridad y la inclusión que reclaman las víctimas de una de las peores tragedias recientes del país.