La magnitud de la crisis vial en República Dominicana vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de respuesta oficial. En lo que va de 2026, los accidentes de tránsito han dejado 893 fallecidos y más de 30,800 lesionados, en un escenario que ya es descrito como una crisis de salud pública por su impacto sobre las calles y los hospitales del país.
Frente a ese saldo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) plantea ahora acelerar la licencia por puntos, automatizar multas y endurecer sanciones. Sin embargo, el propio diagnóstico institucional retrata un problema que se ha agravado con el tiempo: exceso de velocidad, distracción al volante, consumo de alcohol y falta de cascos protectores siguen entre las principales causas de tragedias que, según Joel Gnecco Gross, son en su mayoría evitables.
El foco más crítico está en las motocicletas. Al cierre de 2025, el parque vehicular alcanzó 6.1 millones de unidades y el 57% corresponde a motocicletas, mientras menos del 10% de los motociclistas circula con un seguro vigente. El texto advierte que el crecimiento de este sector ha desbordado la capacidad de regulación y fiscalización del Estado. En ese contexto, la identificación de «puntos negros», la reducción de límites de velocidad en zonas urbanas y la mejora de la señalización aparecen como respuestas urgentes, pero también como evidencia de que el problema acumuló un nivel de deterioro que exige resultados y rendición de cuentas, no solo nuevos anuncios.