El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a 35 de los 40 procesados en el caso de presunta estafa contra el Estado dominicano, aunque dictó auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros acusados. La jueza Altagracia Ramírez concluyó que las imputaciones contra 35 encartados, entre ellos 23 personas físicas y 12 empresas, guardan correspondencia con los hechos presentados por el Ministerio Público.
La decisión mantiene bajo escrutinio un expediente que, según el órgano persecutor, se articuló mediante acuerdos fraudulentos vinculados a expropiaciones de terrenos y cesiones de créditos para gestionar pagos estatales presuntamente irregulares. De acuerdo con esa versión, parte de los recursos habría sido utilizada para sobornos, ocultar beneficiarios reales y financiar actividades políticas, un señalamiento que vuelve a colocar el uso de fondos públicos y los controles institucionales en el centro del debate.
Entre los enviados a juicio figuran el exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz; el excontralor general de la República, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana; el exdirector ejecutivo del CEA, Luis Miguel Piccirillo McCabe; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña Peña; la exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, Princesa Alexandra García Medina; el exasesor legal de Hacienda, Aldo Antonio Gerbasi Fernández; y los abogados y particulares Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa y Roberto Santiago Moquete. El paso a juicio de fondo refuerza la presión para que el proceso avance con transparencia y rendición de cuentas sobre un caso que involucra decisiones estatales y presuntos pagos irregulares.
