La Operación XL526, presentada por el Ministerio Público contra una presunta estructura dedicada a la extorsión y al lavado de activos, pasó del plano operativo al de la fiscalización institucional luego de que abogados defensores denunciaran supuestas irregularidades y vulneraciones de derechos fundamentales de los detenidos.
De acuerdo con los juristas, durante los 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata se hicieron detenciones sin las debidas órdenes judiciales, además de imponerse restricciones al acceso a la defensa técnica. También afirman que algunos imputados quedaron incomunicados y que no pudieron contactar a familiares ni a sus representantes legales en las primeras horas, al tiempo que cuestionan la presentación de pruebas por un presunto incumplimiento de los protocolos de cadena de custodia.
La operación dejó 20 arrestos, entre ellos cinco señalados como cabecillas, y fue ejecutada por 35 fiscales junto a la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y HSI Santo Domingo. Aunque el Ministerio Público defiende la legalidad del caso y asegura que cuenta con abundante evidencia de estafa, chantaje y lavado de activos mediante criptomonedas y transferencias electrónicas, las denuncias de la defensa ponen el foco en la obligación de rendir cuentas sobre el respeto a las garantías constitucionales en un proceso de alto perfil.