El comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez enfrenta un nuevo proceso penal por presunta difamación e injuria a través de medios electrónicos, luego de que el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood y su esposa, Massiel Miguelina Sención Suárez, depositaran una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional por publicaciones difundidas en redes sociales. El caso tiene mayor relevancia porque Rubio reside en Estados Unidos y, según documentos del proceso, ya habría sido declarado en rebeldía en otra causa, lo que abre la puerta a mecanismos judiciales para procurar su comparecencia ante la justicia dominicana.
Según la querella, Rubio difundió informaciones que los denunciantes consideran falsas y perjudiciales para su honor, entre ellas señalamientos que vinculaban a Mauad con supuestas influencias en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y con alegadas irregularidades en contrataciones estatales. Los querellantes afirman que esas imputaciones fueron divulgadas sin sustento y con la intención de afectar su imagen pública, en un expediente que también recoge publicaciones con fotografías e informaciones personales de la familia.
La nueva acción judicial se añade a otros casos en los que Rubio también ha sido acusado de extorsión y difamación, incluido uno presentado ante la justicia de Estados Unidos. Más allá del expediente puntual, el proceso vuelve a poner sobre la mesa un problema de vigilancia institucional: cuando denuncias de alto impacto público terminan bajo cuestionamiento judicial, aumenta la exigencia de que las autoridades actúen con firmeza y de que cualquier señalamiento sobre corrupción o tráfico de influencias esté respaldado por pruebas, no por campañas digitales sin control.