La aprobación de US$600 millones en préstamos volvió a poner bajo la lupa la coherencia fiscal del Gobierno, en medio de cuestionamientos sobre austeridad, calidad del gasto y sostenibilidad de la deuda pública. El economista Winston Marte advirtió que el debate no debe limitarse a cuánto se toma prestado, sino a para qué se contrae esa deuda, cuál será su retorno económico y social y si el Estado aplica la misma disciplina fiscal que exige a la población.
De acuerdo con su explicación, US$400 millones del monto aprobado se destinarían a un programa integral de agua potable, saneamiento y reúso en Punta Cana, una inversión que favorecería principalmente a grandes cadenas hoteleras de esa zona turística. Ante ese panorama, propuso estudiar alianzas público-privadas para que el sector privado participe en el financiamiento de infraestructuras que le servirán de manera directa a sus empresas.
Marte advirtió además que el aumento constante de la deuda pública incrementa la presión de los intereses sobre el presupuesto, reduce el margen de respuesta ante futuras crisis, eleva la vulnerabilidad frente a subidas de tasas internacionales y puede desplazar inversiones prioritarias por el servicio de la deuda. “Cada dólar adicional prestado hoy representa impuestos futuros o restricciones presupuestarias futuras”, puntualizó. También reprochó que el Gobierno no haya presentado a la población un plan claro de austeridad que especifique qué partidas serán recortadas, cuánto se recaudaría y cuál sería el destino de esos recursos.