La Cámara Minera y Petrolera (Camipe) volvió a poner sobre la mesa la urgencia de reformar la Ley Minera, al admitir que el marco legal que regula la actividad en el país tiene más de cinco décadas y ya no responde a los retos actuales. En una entrevista con Listín Diario, su presidente, Pedro Esteva, y su director ejecutivo, Martín Valerio, afirmaron que la discusión debe encaminarse hacia una visión estratégica del sector, en medio de una normativa que, según explicaron, provoca interpretaciones contradictorias y complica su aplicación.
La entidad indicó que la reforma pretende mejorar los procedimientos de aprobación, incorporar tecnologías ya disponibles, reforzar los aspectos medioambientales y lograr que una mayor parte de los recursos generados por la minería llegue a las comunidades cercanas a las zonas de explotación. Asimismo, sostuvo que una nueva ley podría brindar tranquilidad a la población y disminuir la oposición a esta industria, al dejar mejor definidos los términos de la actividad minera.
La propuesta de Camipe también pone en evidencia la dimensión institucional del atraso: Valerio explicó que el planteamiento requiere un alto contenido constitucional, sobre todo en lo relativo a la gestión del subsuelo, y defendió la definición de objetivos y objetos claros para evitar la discrecionalidad. Así, la discusión sobre la reforma no solo reabre el debate sobre el futuro del sector, sino también sobre la necesidad de mayor vigilancia y reglas precisas desde el Congreso para cerrar la brecha entre el discurso de modernización y una ley de 1971 que sigue en vigor.