El monorriel de Santiago ha sido presentado como la transformación urbana más importante emprendida en la historia de la ciudad, una apuesta de transporte masivo impulsada por el presidente Luis Abinader desde el primer Consejo de Ministros celebrado en Santiago el 12 de septiembre de 2020. Con una longitud aproximada de 14 kilómetros y 14 estaciones, el sistema conectará Santiago Oeste, zona franca y el polígono central, en una intervención que el discurso oficial vincula con mejoras en movilidad, competitividad y calidad de vida.
Pero la escala del proyecto también pone en primer plano la necesidad de fiscalización pública. Según lo expuesto, se estima que beneficiará directamente a más de 500 mil personas y facilitará entre 300 mil y 500 mil desplazamientos diarios, en una ciudad afectada por congestión vial y por una flota provincial que supera los 555 mil vehículos. Ese alcance convierte la obra en una promesa de gran escala cuyo impacto deberá medirse en reducción real de tiempos y costos de transporte, así como en alivio efectivo para los ciudadanos.
La iniciativa se desarrolla en medio de una realidad urbana compleja. Los estudios de movilidad citados, realizados con apoyo técnico del IDOM, identificaron una expansión de la huella urbana de 232 % entre 1998 y 2020, al pasar de 36.4 a 115 kilómetros cuadrados, mientras la población residente creció apenas 14 %. Ese desbalance, junto con mayores distancias de viaje, congestión y dependencia del vehículo privado, deja claro que el reto de Santiago no se resuelve solo con anuncios de modernidad: la magnitud del problema exige seguimiento constante para verificar que la obra responda a las necesidades reales de la ciudad.