La conversación sobre inteligencia artificial en la República Dominicana va mucho más allá del avance tecnológico: remite a una cuestión de poder, supervisión y capacidad institucional. El texto sostiene que la incorporación de la IA se da bajo el control de grandes empresas privadas y con una supervisión democrática mínima, en un escenario en el que esas plataformas administran atención, afectos y marcos de interpretación a gran escala.
A partir de ese panorama, el artículo admite las limitaciones del país: una presión tributaria cercana al 14 % del PIB, una burocracia todavía en proceso de profesionalización, una capacidad regulatoria reducida y una dependencia crítica del mercado norteamericano. Ese conjunto de factores le impide a la República Dominicana regular a empresas como Meta, OpenAI o Google, crear sus propias redes sociales o imponer condiciones a las plataformas que hoy dominan la comunicación global.
Sin embargo, la advertencia principal no apunta a la impotencia, sino a la omisión. El artículo plantea que, incluso dentro de esa asimetría, el Estado dominicano dispone de márgenes que no ha ejercido con intención; al mismo tiempo, la sociedad civil cuenta con herramientas que puede activar sin esperar al Estado, y existen palancas multilaterales que tampoco se han utilizado. En ese terreno se ubican decisiones cotidianas del propio Estado sobre qué sistemas de IA adopta en sus instituciones, bajo qué condiciones contrata con proveedores tecnológicos y qué datos públicos pone o no a disposición de actores privados, un ámbito que abre exigencias de vigilancia y rendición de cuentas sobre la gestión de un asunto con impacto directo en la democracia.