La actuación de la Digesett en la calle Canela Mota, en Baní, acabó convirtiéndose en un nuevo foco de cuestionamientos a la gestión pública local después de que la gobernadora provincial, Ángela Yadira Báez, desautorizara el operativo y ordenara retirar a los agentes. La intervención de tránsito se había realizado para recuperar un tramo ocupado por una hilera de motoconchistas y, según el texto original, recibió respaldo inmediato de ciudadanos que reclamaban más orden, seguridad y fluidez.
El conflicto se concentra en el tramo entre la Presidente Billini y la calle Sánchez, donde se encuentra el Parque Infantil Encarnación Echavarría, conocido como “La Avenida”. Allí, la ocupación del espacio público por motoconchistas afecta el estacionamiento de personas que acuden a centros médicos, oficinas públicas y plazas comerciales, además de entorpecer el flujo vehicular y peatonal. A pesar de las denuncias de munícipes y del desalojo ejecutado por la Digesett, los transportistas informales acudieron a la Gobernación Provincial y, tras ese encuentro, la gobernadora dispuso que se dejara “tranquilos” a los motoristas.
Esa decisión echó atrás una medida que había sido presentada como respuesta al clamor ciudadano y dejó al descubierto un choque institucional entre la autoridad de tránsito y la Gobernación. El resultado, según el propio desarrollo de los hechos, fue el regreso del caos vehicular, el perjuicio a comercios locales y una señal de debilidad en la aplicación de las normas sobre el uso de la vía pública.