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Decreto de Abinader sobre IA llega tarde y sin sanciones mientras persisten vacíos sobre el uso de datos en el Estado

noviembre 11, 2026 · Redactor
Decreto de Abinader sobre IA llega tarde y sin sanciones mientras persisten vacíos sobre el uso de datos en el Estado
Foto: acento.com.do

El Código de Ética para servicios públicos fija reglas y plazos; pero el propio texto deja abierta la exigencia de revisar qué datos entraron al sistema público, por cuáles convenios y con qué control efectivo.

El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 787-26 el 2 de noviembre de 2026 con un anexo que incorpora el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos. La norma alcanza a instituciones centralizadas y descentralizadas que diseñen, contraten o usen inteligencia artificial, incluso en herramientas tan básicas como el asistente de redacción de un servidor público.

Pero el debate no quedó en la proclamación de reglas: el propio análisis del texto advierte que el Gobierno dominicano vuelve a regular después de que la práctica ya avanzó, un contraste que reabre la exigencia de fiscalización sobre decisiones tecnológicas de alto impacto. El contexto regional refuerza esa alerta institucional. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2026 de la Cepal y el Cenia, Chile lidera con 71,4 puntos sobre 100, mientras República Dominicana quedó en el puesto 10 de 20 países con 45,1. Aunque en gobernanza el país obtuvo 73,2, en investigación, desarrollo y adopción apenas alcanzó 27,1, una brecha que expone la distancia entre discurso normativo y capacidad real de ejecución. El decreto prohíbe siete usos, entre ellos el puntaje social y el perfilamiento criminal por barrio o condición económica, y deja en manos de la DIGEIG la aprobación de evaluaciones para sistemas de alto impacto. La principal objeción, sin embargo, apunta a la falta de consecuencias. El texto subraya que el decreto no establece multas propias y que, a diferencia de Europa, carece de fuerza sancionadora para hacerse cumplir. También plantea que lo más inquietante es que deja sin consecuencia lo ya hecho, pese a que el artículo 110 de la Constitución dispone que la ley rige hacia lo porvenir.

En ese punto se concentra la demanda de rendición de cuentas que involucra al Gobierno, a las áreas de gestión pública y a la sociedad civil: si los sistemas de alto impacto ya operan, la revisión pendiente no es solo técnica, sino institucional, porque debe aclarar qué datos alimentan los algoritmos, bajo cuáles convenios llegaron y qué control real existió antes de que el poder anunciara nuevas reglas.