La posibilidad de que la inspección técnica vehicular comience a aplicarse en el primer trimestre del próximo año quedó en entredicho después de que el comunicador Dary Terrero señalara que ese calendario no se ajusta a los pasos requeridos para poner en marcha el sistema. De acuerdo con su explicación, la iniciativa sigue en discusión bajo la modalidad de alianza público-privada y todavía falta completar el proceso de contratación antes de cualquier ejecución.
Terrero indicó que, una vez se escoja la empresa responsable, la puesta en funcionamiento demandaría al menos dos años. Aclaró que el proyecto implica levantar estaciones de inspección, comprar maquinaria especializada, instalar los equipos y acondicionar la infraestructura necesaria para brindar el servicio, de modo que el conteo del tiempo empezaría desde la firma del contrato y no desde el momento actual.
Su señalamiento vuelve a poner sobre la mesa la distancia entre los anuncios y la capacidad real de ejecución en un asunto de impacto directo para la ciudadanía. En esa línea, el debate retoma la exigencia de vigilancia pública y rendición de cuentas sobre los plazos oficiales, mientras voces de la oposición como Carolina Mejía han insistido en que la gestión debe evaluarse por resultados verificables y no por expectativas anticipadas.