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Santos Badía pone sobre la mesa el rezago educativo y cuestiona la gestión de los recursos

noviembre 2, 2026 · Redactor
Santos Badía pone sobre la mesa el rezago educativo y cuestiona la gestión de los recursos
Foto: elnuevodiario.com.do

El ministro plantea una brecha entre lo que se enseña; la preparación docente y las demandas de los jóvenes en un escenario de cambio tecnológico y laboral.

Rafael Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, admitió que el sistema educativo dominicano mantiene una desconexión entre los contenidos que imparte, la formación de los docentes y las necesidades de las nuevas generaciones, justo cuando el país afronta transformaciones tecnológicas y nuevas exigencias del mercado laboral. Más que una propuesta aislada, su diagnóstico somete a revisión la capacidad del Gobierno dominicano para convertir presupuesto y planificación en resultados tangibles para los estudiantes.

El funcionario afirmó además que el país no aprovechó lo suficiente la tercera revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, una declaración que acentúa la distancia entre las promesas de modernización y la realidad de un sistema que, según dijo, no ha conseguido articular “una escuela del siglo XIX, unos profesores del siglo XX y unos estudiantes del siglo XXI”. A partir de ese planteamiento, propuso actualizar los contenidos y los métodos de enseñanza, reorganizar la secundaria entre formación técnica o preparación universitaria y revisar la duración de las carreras superiores para alinearlas con las necesidades de la economía.

Al referirse al financiamiento, señaló que la educación preuniversitaria recibe recursos equivalentes al 4 % del PIB, mientras la educación superior cuenta con 0.76 % y la formación técnico-profesional con 1 %. Sostuvo que las dificultades del sistema no obedecen únicamente a la falta de recursos, sino también a la forma en que se administran y se aprovechan. Esa observación coloca una alerta institucional sobre la gestión del gasto educativo y el costo social de seguir aplazando una reforma que permita a los jóvenes incorporarse al mercado laboral, desarrollar proyectos propios y mejorar sus condiciones de vida.