La muerte de Brayan Rayo Garzón, un migrante colombiano que estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), regresó al centro del debate después de que Associated Press revelara en una investigación que los suicidios entre migrantes retenidos por ese organismo están creciendo de manera «alarmante». El caso vuelve a reforzar las alertas sobre las condiciones de detención y sobre la necesidad de una mayor fiscalización de una política migratoria que ya enfrenta cuestionamientos por sus consecuencias humanas.
De acuerdo con los registros oficiales, Rayo pasó cuatro días en aislamiento en una cárcel de Misuri luego de ser capturado por el ICE. Su situación empeoró mientras enfrentaba síntomas de covid-19 y quedaba aplazada la respuesta a una solicitud de atención en salud mental. Además, se le impidió comunicarse por teléfono con su madre con el argumento de evitar la propagación de la enfermedad en el penal. En ese marco, escribió dos notas a mano a sus custodios para pedir que le permitieran hablar con ella.
El caso generó la reacción del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ordenó a la Cancillería entregar una nota de protesta e instó a Washington a «reflexionar» sobre las consecuencias de su política migratoria. En su mensaje en X, Petro sostuvo que al joven no se le permitió llamar a su madre y vinculó lo ocurrido con los efectos de esa estrategia. La secuencia descrita en los registros y la investigación reabre así el contraste entre el discurso de control migratorio y el resultado visible dentro del sistema de detención.